Diputados corrigen y van contra la ‘ley garrote’

Prosa Aprisa, Arturo Reyes Isidoro.



Todavía no tiene lugar la elección para elegir diputados locales, ni siquiera hay candidatos en
campaña, pero ayer se tuvo un adelanto de lo que puede ocurrir si se modifica la composición
de las bancadas representadas en el Congreso local, lo que podría dar lugar no solo a un sano
equilibrio político sino también a un contrapeso necesario que frene el uso y el abuso de poder
que tiene el Poder Ejecutivo y su bancada en el Poder Legislativo, que cuentan, además, con la
complicidad de algunos diputados de “oposición”.

 

Un total de 18 diputados locales (del PAN, del PRI, del PRD y de MC), uno más del que era
necesario, firmaron un recurso de acción de inconstitucionalidad que presentaron ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se derogue la reforma que se hizo al Código
Penal del Estado de Veracruz el 11 de marzo, para aumentar las penas a las conductas de
ultrajes a la autoridad, que ipso facto utilizó el gobierno para detener, en forma arbitraria, a
un político opositor, a un empresario crítico, a unos pacíficos jóvenes xalapeños y,
recientemente, a otros de Orizaba, violando la propia ley pero justificándose que cometieron
ultrajes a la autoridad.

 

Los diputados que promovieron el juicio fueron: Omar Miranda Romero, Jenny del Pilar
Trinidad Herrera, Jorge Moreno Salinas, Enrique Cambranis Torres, Judith Pineda Andrade,
María Josefina Gamboa Torales, Montserrat Ortega Ruiz, María Graciela Hernández Íñiguez,
Erika Ayala Ríos, Ivonne Trujillo Ortiz, Rodrigo García Escalante, Ricardo Arturo Serna
Barajas, Bingen Rementería Molina, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, María de Jesús Martínez
Díaz, Sergio Hernández Hernández y Carlos Alberto Triana García. No se adhirió el diputado
Gonzalo Guízar Valladares, del PES, no obstante que declaró que no había leído la “letra
chiquita”, esto es, que no leyó el contenido de la reforma que se aprobó.

 

Es de tal severidad la norma legal modificada y da carta blanca al gobierno para que la use y
abuse de ella en contra de la población, que la prensa crítica la bautizó, y ya se le conoce así,
como la “ley garrote”, ley que, como bien ilustró ayer la diputada local Maryjose Gamboa,
implica que nadie pueda mirar siquiera feo a un policía. “Con mirarlo feo basta para que sea
usted privado de la libertad y encarcelado”, por “ultrajes a la autoridad”.

 

El 17 de marzo, los prestigiosos integrantes de la Academia de la Facultad de Derecho de la

 

Universidad Veracruzana, entre otros órganos de especialistas, pidieron, mediante un
desplegado público, al Congreso y al gobernador, derogar la reforma y fundamentaron con
amplitud de detalles porque contraviene la legalidad, pero fueron ignorados. Ese escrito lo
firmaron los maestros y doctores en Derecho: Sidney Ernestina Marcos Escobar, Rosa Hilda
Rojas PeÌrez, Esperanza Sandoval PeÌrez, Erick Cabrera Nieto, Luis Manuel Lara
HernaÌndez, MariÌa Eugenia Castillo Reyes, Enrique CoÌrdoba del Vall, Daniel del
AÌngel PeÌrez, CeÌsar MartiÌnez RaÌmila, Rebeca Contreras LoÌpez y Austria
Paola Barradas HernaÌndez.

 

Lo cierto es que algunos de los 18 diputados que impugnan ahora la reforma se prestaron para
su aprobación, pero lo importante es que han decidido corregir su error y buscan echarla
abajo, lo que puso de manifiesto que se rebelaron y rompieron el control que tenía sobre ellos
el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, esto es, que
optaron por la autonomía a que tienen derecho y que han decidido hacerla valer, lo que hace
esperar que en lo que resta de la LXV Legislatura no le aprobarán al gobernador ningún
decreto o iniciativa de ley que no atienda el interés de los veracruzanos, y que menos lo harán
si en la elección ganan la mayoría.

 

A finales del mes pasado, en una reunión de los dirigentes del PAN, del PRI y del PRD con sus
diputados locales y federales, les hicieron ver la urgente necesidad de derogar la reforma pues,
les recordaron, amenaza no solo a la población sino también a ellos mismos y la pueden
utilizar en su contra una vez que dejen la representación que tienen y no gocen ya de fuero,
dentro de seis meses. Los ilustraron mejor con la detención del exsecretario de Gobierno,
Rogelio Franco Castán.

 

Al gobernador Cuitláhuac García Jiménez ya solo le restan tres años para dejar el cargo, pero
de todos modos son tres años, y hasta ahora, abusando (no se puede utilizar otro término) de
que su partido tiene mayoría en el Congreso local, y que tienen el poder y los recursos para
cooptar a diputados que le ponen precio a su dignidad, han hecho lo que han querido
aprobando decretos e iniciativas de ley que solo sirven a sus intereses particulares y que
atentan contra el interés de la ciudadanía.

 

El equilibrio y los contrapesos en el ejercicio del poder son sanos pues obligan a la toma de
decisiones por consenso, previo diálogo, negociación y acuerdo, y evitan la tentación del
autoritarismo, que es propio de las dictaduras, pero no de un gobierno democrático.
Por los indicios que se van teniendo, se advierte que en la próxima elección el partido en el
poder ya no va a arrasar y tampoco va a obtener la mayoría abrumadora de curules en el
Congreso local que logró en 2018, y si no pasa a ser minoría, al menos podría quedar en
igualdad de fuerza con la oposición, lo que obligaría al Ejecutivo a refrenarse ante la tentación
de promover leyes atentatorias contra la seguridad, la integridad y los derechos humanos de
los veracruzanos.

 

Al final, si se advierte, la última palabra para lograr ese equilibrio y ese contrapeso, a todas
luces saludables para la vida pública y democrática del Estado, la tienen los ciudadanos,
quienes irán a votar. De ellos, y de nadie más, dependerá que se intenten y prosperen más
leyes “garrote” o que prevalezca el Estado de derecho y se garantice la justicia para la
población. Hay caminos legales, sin violencia, para corregir. La larga lucha por la democracia
en el país ha dotado a la ciudadanía del instrumento del voto para defenderse de gobiernos
autoritarios, arbitrarios, persecutores contra todo el que le incomoda porque le dice la verdad
o denuncia sus abusos. Ya veremos el 6 de junio que quiere

Escritora y compositora, “mujer tormenta”

 

Previo al arranque de su campaña el domingo pasado, desayuné con Edith Cervantes,
escritora, compositora, guionista, conferencista y defensora de los derechos de la mujer, y
ahora candidata diputada federal por el distrito XII de Veracruz por el partido Fuerza por
México.

 

Autora, entre otras obras, de La mujer de las tormentas, es, sin duda, una buena novedad en
el escenario político del Estado, y ve su participación en el proceso electoral como una
proyección de su interés por cambiar el estado de cosas en la vida pública y fortalecer los
derechos de la mujer.

Es la primera vez que incursiona en política y por lo mismo no es una política tradicional, pero
la animan los mejores propósitos y, por lo que advertí, posee la sensibilidad necesaria para
sentir las necesidades de la población, para captar bien sus inquietudes e interpretar sus
deseos de mejoría, suficientes, eso creo, para llevar su voz al Congreso federal.

 

El domingo inició sus actividades en Manlio Fabio Altamirano, continuó en Medellín de Bravo
y concluyó con un evento en modalidad mixta (presencial y transmisión en línea). En sus actos
participaron sobre todo mujeres y jóvenes, escuchó a los electores, respondió a todas las
preguntas que le hicieron y los invitó a participar de manera razonada para elegir a quienes
verdaderamente representen sus intereses y no usen el poder que les dé el electorado para
negociar para su provecho personal.