Diputados van por la Acción de Inconstitucionalidad contra la llamada “Ley Franco”



*Legisladores lograron reunir las 17 firmas necesarias para tirar dicha reforma

 

 

A unas horas de que concluyera el plazo para que diputados presenten una Acción de Inconstitucionalidad contra la llamada “Ley Franco” que sanciona los delitos de ultraje a la autoridad, legisladores lograron reunir las 17 firmas necesarias para tirar dicha reforma.

 

El día 11 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de Veracruz el Decreto Número 848 que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Veracruz, entre ellas el delito de ultrajes a la autoridad.

 

Si bien el delito de ultrajes ya era vigente y establecía la imposición de “seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”, con la reforma, ahora se añaden supuestos que posibilitan el uso arbitrario de este tipo penal.

 

Es de mencionar que la Ley de Control Constitucional para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala en su artículo 85 dice que el plazo para ejercitar la acción de Inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la Ley o Decreto impugnado, sean publicados en la Gaceta Oficial del Estado. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

 

A unas horas de que concluyera el plazo, 17 de los 50 congresistas apoyaron la controversia constitucional.

 

El documento, fue rubricado por la bancada del Partido Acción Nacional con 13 congresistas; del PRI, Erika Ayala, Jorge Moreno y Rodrigo García Escalante; y Movimiento Ciudadano Ivonne Trujillo.

 

El documento tendrá que ser presentado ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para revocar el cambio.

 

Desde hace años, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, endurecido en la Ciudad de México en 2012, como respuesta a agresiones de manifestantes contra policías y otros funcionarios.

 

En esa ocasión, los Ministros dijeron que al igual que en el caso de Veracruz, no había claridad, y los legisladores no habían determinado si el ultraje requiere una agresión física o basta con insultar verbalmente a la autoridad que está en ejercicio de sus funciones.