Espionaje

Al Pie de la Letra, Raymundo Jiménez.



Ha trascendido que al igual que la gobernadora morenista Layda Sansores, de Campeche, el veracruzano Cuitláhuac García, así como los mandatarios de Puebla, Hidalgo, Querétaro y Baja California Sur, celebraron contratos con el mismo proveedor de software de espionaje que le vendió al ex presidente Enrique Peña Nieto.

En el caso de Sansores, su administración celebró un contrato en diciembre de 2021 con Neolinx por un monto de hasta 3 millones de pesos por solicitud de su fiscal Renato Sales. Dicho proveedor les ofreció el software de espionaje Geomatrix que sirve para rastrear y extraer información de ciudadanos.

Investigaciones periodísticas han señalado a Neolinx de ser intermediaria de Hacking Team. Esta firma italiana fue contratada por el gobierno priista de Peña Nieto para adquirir software de ciberespionaje. Quizá algunos se acuerden de “Pegasus”.

En el caso de Veracruz sorprende ya que el gobierno anterior, el del panista Miguel Ángel Yunes Linares (2017-2018), había adquirido también diversos equipos, programas y sistemas de espionaje que incluían vigilancia en redes sociales con hasta 35 mil búsquedas, reconocimientos de voz y facial e incluso monitoreo para Redes Wi-Fi.

Según las auditorías practicadas al ejercicio fiscal del 2018 por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), la administración yunista erogó 365 millones de pesos para la adjudicación directa por excepción de ley para la adquisición de equipos especializados y capacitación.

En las revisiones efectuadas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyo titular era Jaime Téllez Marie, se comprobó la adquisición del Sistema de Inteligencia para Identificación de Metadata de Objetivos; Sistema de Monitoreo; Sistema de Análisis de Imágenes y Videos con Aprendizaje Profundo; Sistema Forense de Identificación de Usuarios y Redes de Vínculos.

Así como un Sistema para Protección de las Tecnologías de la Información; Sistema de Análisis de Voz en Reacciones Emocionales; Sistema de Análisis de Video con Reconocimiento Facial; Sistemas de Soporte Técnico en Monitoreo y Vigilancia; y un Sistema de Monitoreo de Redes Sociales.

Las empresas que brindaron dichos equipos, programas y sistemas fueron Systemtech Sistemas Tecnológicos; Blindarte S. de R.L. de C.V; Alta Prevención WT México; Sistemas Integrales Computarizados; y Grupo Profesional Shalom.

En estos casos, el ORFIS advirtió que necesitaba contar con la autorización de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso Local para dar continuidad al proceso de Fiscalización haciéndolo exhaustivo al total del monto presupuestal ejercido, ya que sólo se realizó una auditoría parcial y de acuerdo con los especialistas del organismo autónomo se requería de una Auditoría Integral de carácter Financiero, Presupuestal, de Legalidad, Desempeño e Informática que permitiera determinar que los bienes o sistemas adquiridos representan en la actualidad un eficiente servicio y beneficio a las acciones de la SSP.

En cuanto a la adquisición del Sistema de Monitoreo de Redes Sociales, comprado al Grupo Profesional Shalom S.A de C.V., los auditores del ORFIS encontraron diversas irregularidades. Por ejemplo, la actividad económica con la cual se encontraba dada de alta dicha empresa era “Servicios de investigación y de protección en custodia, excepto mediante monitoreo y Servicios de Protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad”, por lo que su información de actividades en el Registro Federal de Contribuyentes no correspondía con la adquisición derivada del contrato número SSP-UA-082/18.

Además, en el análisis de la documentación presentada en la solventación de irregularidades, se encontró que la propuesta del Sistema de Soporte técnico en Monitoreo y Vigilancia establecía 36 mil búsquedas con un precio unitario de mil 400 pesos, dando un total de 58 millones 464 mil pesos, pero al hacer una inspección física documentada sólo se detectaron 998 consultas, por lo que no se encontró evidencia del destino de 35 mil 002 consultas restantes.

Como parte del procedimiento de solventación, se realizó una inspección para la verificación física de los sistemas adquiridos, desconociéndose el uso y/o aplicación que se dio al Sistema en el periodo del 11 de julio de 2018 –desde de las elecciones de gobernador– al 13 de marzo de 2019, casi tres meses y medio de iniciada la administración morenista de Cuitláhuac García Jiménez.