Exponen en la ONU el caso de un periodista veracruzano torturado Armando Saldaña



 

El caso del periodista Armando Saldaña Morales, originario de Tierra Blanca, Veracruz, fue expuesto ante el Comité Contra la Tortura de la ONU, explicando que recibió tortura y hay un mal procedimiento porque no se atendieron diversas líneas de investigación.

México continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos: la violencia generalizada, sumada a la violencia política a causa de su labor, los ha colocado en una situación de riesgo en el que se enfrentan a intimidación, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, criminalización, tortura y hasta el asesinato; estos ataques provienen principalmente del Estado, y en segundo orden, de particulares, principalmente empresas y crimen organizado.

Las condiciones de riesgo adquieren aún mayor gravedad en un contexto en que la impunidad alcanza el 99.6% en delitos denunciados ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la PGR (hoy Fiscalía General de la República, FGR).

Otras de las dificultades identificadas son la falta de agotamiento de todas las líneas de investigación, pues muchas veces las autoridades intentan desvincular las investigaciones de la labor ejercida por las personas defensoras de derechos humanos, abogados y periodistas, y la clasificación inadecuada de actos de tortura. El caso que presentaron las organizaciones en el referido informe del mes de abril, del periodista veracruzano, es un ejemplo de esta manera de proceder.

Armando Saldaña, locutor de un programa de radio con contenido político en Tierra Blanca, Veracruz, fue encontrado sin vida el 4 de mayo de 2015.

A pesar de los signos de tortura que presentaba su cuerpo, ante la inexistencia de un tipo penal acorde a los estándares internacionales en ese momento, las autoridades omitieron los actos de investigación requeridos.

En su momento, la Feadle declaró la improcedencia del ejercicio de la facultad de atracción el 10 de septiembre de 2015 sin haberse realizado las diligencias solicitadas por sus representantes y sin analizar debidamente la declaración de las víctimas y a la fecha no se ha detenido ni condenado a ninguna persona responsable.